Estrategia 1: Lograr la igualdad de voz y de representación

Estrategia 1: Lograr la igualdad de voz y de representación

«Algunos creen que las voces que más cuentan son las de los dueños del poder. Y en los momentos de más negativismo creo lo mismo... pero democracia significa que todas las voces cuentan... ¿Cómo hacemos para que esa gente llegue a creer que podemos lograr ese cambio?»

—Ellsworth (Maine)

Las siguientes son las ocho recomendaciones de la primera estrategia. Ampliar la Cámara de Representantes y las formas en que la gente puede votar por quienes la representan. Cambiar el método con que se trazan los distritos electorales: en primer lugar, para eliminar su manipulación partidista y, en segundo lugar, para agrandarlos con el fin de que se pueda elegir a más de un representante por distrito. Enmendar la Constitución para que permita la reglamentación por parte del Congreso de los gastos de las campañas electorales. Darles poder a los donantes de montos de menor cuantía y lograr que las donaciones a las campañas sean más transparentes. Cambiar el cargo vitalicio de los magistrados de la Corte Suprema a un período único de dieciocho años.

1.1 

Aumentar de manera considerable el tamaño de la Cámara de Representantes por legislación federal para que tanto esta como el Colegio Electoral sean más representativos de la población nacional.

Cuando los artífices de la Constitución diseñaron la Cámara de Representantes, fijaron un máximo constitucional de 30 000 electores por representante. Con el crecimiento de la población, la Cámara pasó de tener 65 a 435 integrantes en 1929, cuando el Congreso limitó su tamaño. Y a raíz de que la población siguió creciendo, el congresista típico de hoy en día representa a más de 747 000 electores. La derogación de la Ley de Distribución Proporcional Permanente de 1929 (Permanent Apportionment Act) y la ampliación de la Cámara de Representantes afianzarán el vínculo entre los representantes y sus electores, y harán que esta institución sea más representativa de la nación.

«La población del país sigue aumentando, por lo que conseguir la atención de nuestro representante en el Congreso es mucho más difícil ahora de lo que al parecer solía ser, mucho antes de que naciéramos nosotros».

—Spokane (Washington)

Para devolver la Cámara a su proporcionalidad original de 30 000 electores por representante sería necesario ampliarla en más de 10 000 integrantes, lo cual lógicamente es una propuesta impracticable. La Cámara se concibió para que los representantes deliberaran cara a cara. Si bien las proporciones originales ya no pueden lograrse, el objetivo de que haya vínculos más estrechos entre los congresistas y sus electores sí debería ser factible.

Esta ampliación también tendrá un efecto beneficioso en el Colegio Electoral. Al concebirlo, los artífices de la Constitución pretendían equilibrar la influencia de la población en general y la de los estados en las elecciones presidenciales (y equilibrar la influencia entre los estados pequeños y los grandes). Los cambios demográficos han alterado este equilibrio delicado y han elevado la probabilidad de que la mayoría de la población y la mayoría de los estados tomen decisiones opuestas. De las cuarenta y cuatro elecciones que se celebraron desde 1824 —cuando se tabularon por primera vez los votos— hasta 1996, solo en dos de ellas el ganador de la presidencia perdió el voto popular. En las cinco elecciones presidenciales que se han llevado a cabo desde entonces, esto ha sucedido dos veces más, y los cambios demográficos no han hecho más que aumentar la probabilidad de este desenlace. Si esto sucediera con más frecuencia, surgirían dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales.

En 1790, Virginia era el estado más poblado, con un número de habitantes doce veces mayor que Delaware, el menos poblado. En la actualidad, esa relación es de sesenta y nueve a uno (esta vez, entre California y Wyoming). El voto de un residente de Wyoming pesa 3.6 veces más en el Colegio Electoral que el de uno de California. Los demógrafos calculan que la disparidad entre los estados pequeños y los grandes aumentará en las próximas décadas. Se prevé que en 2040 la proporción entre el número de habitantes del estado más poblado y del menos poblado sea de setenta y siete a uno.25

La ampliación de la Cámara de Representantes mitiga, pero no corrige por completo, los crecientes desequilibrios de poder entre los estados más y menos poblados. No obstante, es un comienzo que vale la pena. ¿Cuántos escaños deberán agregarse? En el Capitolio actual podrían caber fácilmente cincuenta congresistas más. Esta deberá ser la propuesta inicial. El número exacto deberá establecerse mediante conversaciones y debates enérgicos.

Endnotes

• 25United States Census Bureau, 1990 Census Apportionment Data, «Table B. Population Base for Apportionment and the Number of Representatives Apportioned: 1790 to 1990»; United States Census Bureau, 2000 Census Apportionment Data, «Table 1. Apportionment Population and Number of Representatives, by State: Census 2000»; United States Census Bureau, 2010 Census Apportionment Data, «Table 1. Apportionment Population and Number of Representatives, By State: 2010 Census»; y United States Census Bureau, 2014 National Population Projections, «Table 1. Projected Population by Single Year of Age, Sex, Race, and Hispanic Origin for the United States: 2014 to 2060». No se calculó la distribución propor­cional según los datos del censo de 1920. Véase también, de Kathryn Crespin, «U.S. House Districts Are Colossal. What’s the Right Size?» Stat Chat, 15 de noviembre de 2017.

1.2 

Utilizar la votación por orden de preferencia en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estatales.

La mayoría de los resultados de las elecciones en Estados Unidos se determinan por sistemas electorales en los que el ganador se lleva todo. Gana el candidato que recibe la pluralidad de votos, es decir, quien obtenga más que cualquier otro candidato, aunque no necesariamente la mayoría. En ciertos casos, el ganador tiene que recibir la mayoría de los votos. Ambas variaciones de las votaciones en las que el ganador se lleva todo se emplean en las elecciones estatales y parlamentarias de Estados Unidos. En las presidenciales, el Colegio Electoral determina el ganador general. En la mayoría de los estados se aplica un modelo en el que el ganador del voto popular recibe todos los votos del Colegio Electoral correspondientes al estado. Solo en Maine y Nebraska se utiliza un sistema proporcional para la asignación de los votos del Colegio Electoral.

El modelo de votación en el que el ganador se lleva todo tiene defectos graves. En los resultados por pluralidad, en los que los votos se reparten entre tres o más candidatos, el ganador de las elecciones podría ser un candidato que no le guste a la mayoría de los votantes. Si hay una minoría vocal que podría imponer su voluntad sobre la de una mayoría más moderada, los candidatos tienen el incentivo de tratar de atraer a los grupos políticos radicales, y los candidatos de un tercer partido se enfrentan a la presión de no postularse para no dividirse los votos y beneficiar al candidato de la minoría. Estas presiones tratan de evitarse o mitigarse exigiendo un resultado mayoritario en una segunda ronda de elecciones, pero estas son costosas y, por lo general, la participación en ellas es baja.

La alternativa es la votación por orden de preferencia. En vez de escoger a un solo candidato, cada votante escoge a su candidato preferido y luego selecciona a los candidatos que preferiría en segundo lugar, en tercero y así sucesivamente. Una vez escrutados los votos, se retira al candidato con menor acogida popular, y los votos de sus partidarios se asignan al candidato que preferían en segundo lugar. El proceso continúa hasta que un solo candidato reciba la mayor parte del apoyo. La reasignación de votos equivale a una segunda ronda de elecciones sin que los votantes tengan que acudir a las urnas por segunda vez.

• La votación por orden de preferencia entró en vigor en Maine en 2016 a partir de una iniciativa legislativa popular. En las elecciones de 2018 se utilizó para determinar el ganador de la mayoría en uno de los dos distritos electorales. En 2020, Maine será el primer estado en emplearla en las elecciones presidenciales.26
• En 2019, los residentes de la ciudad de Nueva York decidieron modificar la Carta Fundamental de la ciudad para establecer la votación por orden de preferencia en todas las elecciones primarias y especiales. Hoy en día, Nueva York es una de más de quince ciudades en las que se emplea este sistema.27

Como el segundo y el tercer lugar importan en el modelo por orden de preferencia, los candidatos se ven incentivados para hablar con un grupo más amplio de votantes. El resultado se traduce en más candidatos —y campañas— moderados, un entorno más acogedor para los candidatos de un tercer partido, y más confianza entre los votantes de que su voto no se desperdicia ni se distorsiona el resultado.

Endnotes

• 26Sam Levine, «Maine Poised to Be First State to Use Ranked Choice Voting in a Presidential Election», HuffPost, 6 de septiembre de 2019.
• 27Lee Drutman, «A New Voting System Could Fix American Democracy: Ranked-Choice Ballots», NBC News, 7 de noviembre de 2019.

1.3 

Enmendar o derogar y sustituir la ley de 1967 que impone que haya un solo representante a la Cámara por distrito, de modo que los estados tengan la opción de elegir varios representantes por distrito con la condición de que adopten un modelo electoral en el que el ganador no se lo lleva todo.

El número de escaños de cada estado se determina según el censo. Sin embargo, los estados tienen mucha flexibilidad para determinar la forma en que se eligen los representantes que se les asignan, así como la manera de trazar los distritos electorales. La Ley de Distritos Electorales Uniformes de 1967 (Uniform Congressional District Act) normalizó la práctica de que cada distrito enviara un solo representante al Congreso. Antes de su aprobación, los estados tenían la opción de trazar distritos más grandes que enviaban a más de un representante al Congreso.

Esta ley de 1967 tenía sentido en su momento. El movimiento por los derechos civiles estaba en pleno apogeo, y existía la preocupación de que en el sur del país se tratara de trazar distritos grandes integrados por mayorías de raza blanca que eligieran a más de un representante. En esta versión de manipulación de los distritos electorales, los residentes de raza negra del sur corrían el peligro de perder toda o la mayoría de su representación en la Cámara.

Muchas de las inquietudes que motivaron la promulgación de la ley de 1967 aún tienen validez hoy día. En el esquema de las votaciones en las que el ganador se lleva todo, los distritos que eligen a más de un representante constituirían un paso atrás en cuanto a la igualdad de voz y de representación. Los organismos legislativos de los estados podrían delimitar distritos grandes manipulados para diluir los votos de las minorías, tanto raciales como ideológicas, igual que habían tratado de hacerlo décadas atrás. A los estados que utilizan sistemas de votación en los que el ganador se lleva todo no se les debería permitir trazar distritos en los que se elija a más de un representante.

Sin embargo, la votación por orden de preferencia altera la ecuación de manera drástica. Si los distritos electorales que envían a más de un representante se conjugaran con votaciones por orden de preferencia en las elecciones parlamentarias, se estimularía la participación de una variedad más amplia de candidatos, cada uno de los cuales tendría que tratar de atraer a un bloque más heterogéneo de votantes. En vez de exacerbar las distorsiones de las votaciones en las que el ganador se lleva todo y de ahogar los votos de las minorías, la existencia de distritos que elijan a más de un representante amplificaría las ventajas de la votación por orden de preferencia respecto a la representación, y significaría una señal de victoria en cuanto a la igualdad de voz y de representación.

• Aunque la ley de 1967 prohíbe que los distritos envíen a más de un representante a las elecciones parlamentarias nacionales, esto aún se permite en las elecciones estatales. Hoy por hoy, diez estados tienen por lo menos una cámara legislativa con representantes provenientes de distritos que eligen a más de un representante.28
• En Illinois, desde 1870 hasta 1980 la asamblea legislativa del estado utilizó distritos en los que cada uno elegía a tres representantes. A los votantes se les asignaban tres votos que podían repartir entre los candidatos como quisieran: tres votos para un solo candidato; dos votos para un candidato y un voto para otro; o un voto para cada uno de los candidatos. Después de que se aboliera este sistema, un grupo de trabajo bipartidista dirigido por el exgobernador republicano Jim Edgar y el antiguo representante demócrata Abner Mivka pidió que se reinstaurara argumentando que servía para crear un organismo legislativo más representativo y eficaz. El sistema que se solía emplear antes en Illinois podría servir de modelo para los distritos parlamentarios en los que se elige a más de un representante.

Endnotes

• 28Los estados son Arizona, Idaho, Maryland, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont, Washington y Virginia Occidental.  Ballotpedia, «State Legislative Chambers
  That Use Multi-Member Districts».

1.4 

Apoyar la adopción en los cincuenta estados, a través de legislación estatal, de comisiones independientes compuestas por ciudadanos para la redemarcación de los distritos electorales. Lograr la plena adopción en todo el país, por medio de legislación federal, de normas que exijan que la determinación justa de distritos electorales esté a cargo de comisiones independientes de redemarcación establecidas por el estado e integradas por ciudadanos; que permita que estas comisiones logren los criterios con modelos por los cuales el ganador no se lleva todo; y que proporcione financiación federal para estos procesos estatales con el fin de establecer coherencia en los procedimientos de alcance nacional.

En la mayoría de los estados, el partido que controla el organismo legislativo tiene el incentivo de redemarcar los distritos de formas que lo beneficien.29 Mediante la concentración de los votantes del partido opuesto en un distrito o su separación en varios distritos para diluir los votos, los partidos pueden cargar los dados electorales a su favor. Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts, fue el primero en aplicar esta práctica en 1812 al aprobar por ley un distrito cuya silueta parecía una salamandra. Su nombre se inmortalizó en el término inglés gerrymandering como sinónimo de manipulación política.

«La preocupación que tengo con Farmville, a nivel local y estatal, es la forma en que se han armado los mapas, ¿no?... Estamos en una zona rural, y el distrito es tan grande que Farmville tiende a quedar agrupado con otras localidades que son de mayor tamaño y tienen más influencia».

—Farmville (Virginia)

Aunque la manipulación de los distritos electorales ha existido durante más de dos siglos y constituye una actividad de la que los dos partidos principales son partícipes, en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más frecuente y de una eficacia brutal gracias al advenimiento de nuevos recursos científicos y matemáticos. Veamos el caso de Carolina del Norte, cuya demarcación de distritos se ha manipulado de manera flagrante. En las elecciones de mitad del ciclo electoral de 2018, los republicanos ganaron el voto popular en todo el estado por solo un dos por ciento (con el cincuenta frente al cuarenta y ocho por ciento) y, sin embargo, se quedaron con diez de los trece escaños que suma el estado en la Cámara de Representantes.30

En respuesta al aumento de la manipulación partidista de los distritos electorales, algunos estados han decidido recientemente delegar la redemarcación a comisiones independientes. Arizona fue uno de los primeros en hacerlo. La medida generó resistencia en los tribunales, pero en 2015, en el caso de Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission, la Corte Suprema declaró constitucionales por mayoría de 5 a 4 las comisiones independientes que realizan la redemarcación de los distritos electorales. Asimismo, en 2018, una ciudadana de Michigan —animada por la gran acogida de una propuesta que había hecho en Facebook— lanzó una iniciativa legislativa para todo el estado en la que se transfería la responsabilidad de la redemarcación de los distritos del organismo legislativo estatal a una comisión independiente. La iniciativa se aprobó con una mayoría del sesenta y uno frente al treinta y nueve por ciento.

Las comisiones independientes no son la única forma de hacer que la redemarcación de los distritos sea justa. Existen otras estrategias para abordar el problema y no pretendemos descartarlas.31 Sin embargo, en nuestras reco-mendaciones reconocemos que las reformas más eficaces hasta el momento han tenido que ver con las comisiones independientes, las cuales existen actualmente en California y Arizona, y pronto estarán en vigencia en Ohio, Utah y Michigan, entre varios estados más.32

Endnotes

• 29En el artículo 2 de la sección 1 de la Constitución estadounidense se exige que la distribución de los escaños del Congreso se realice según las cifras de población del país. El censo que se lleva a cabo cada diez años determina el número de escaños de cada estado. En la mayoría de los estados, los distritos parlamentarios se vuelven a demarcar cada diez años según los datos del censo. Wendy Underhill, «Must States Use Census Data for Redistricting? Not Always», The NCSL Blog, 20 de junio de 2019.
• 30David Leonhardt, «A Win for Gerrymandering», The New York Times, 3 de diciembre de 2019.
• 31En Iowa, por ejemplo, desde 1980 el personal del órgano legislativo que no tiene sesgo partidista ha sido responsable de redemarcar los distritos electorales según normas estrictas. «The “Iowa Model” for Redistricting», National Conference of State Legislators, 6 de abril de 2018.
• 32La Comisión propone que las recomendaciones que se han hecho a «los cincuenta estados» se adopten también en los distritos y territorios federales en los que sean pertinentes.

1.5 

Enmendar la Constitución para autorizar la reglamentación de las donaciones y del gasto electoral con el fin de eliminar la influencia indebida del dinero en nuestro sistema político y proteger los derechos de todos los estadounidenses a la libertad de expresión, la participación política y la representación válida en el gobierno.

Muchos factores contribuyen a la sensación generalizada que tienen los estadounidenses de que su voz no se oye: de que el principio de equidad y proporcionalidad en el que un voto representa a una persona se ha visto desplazado por una situación en la que un voto representa una cantidad de dólares. Cuando a los participantes de las sesiones organizadas por la Comisión para escuchar a las comunidades se les preguntó cuál era el factor de más peso en su reprobación, el consenso fue claro: la presencia de grandes cantidades de dinero en la política. El setenta y seis por ciento de los estadounidenses opina que el control del gobierno recae en «unos pocos grupos de presión que velan por sus propios intereses», y el setenta y siete por ciento dice que debería limitarse la cantidad de dinero que las personas y las organizaciones pueden gastar en campañas políticas.33

Las preocupaciones sobre la influencia del dinero en nuestro sistema político no son nuevas, pero en 2010 las compuertas se abrieron de par en par, y las inquietudes se agudizaron tras el histórico fallo de la Corte Suprema por mayoría de 5 a 4 en el caso de Citizens United v. Federal Election Commission. En él la Corte dictaminó, con base en el derecho de expresión, que las personas jurídicas pueden donar sumas ilimitadas de dinero a comités políticos independientes. Los donantes de sumas de gran cuantía tienen un grado de acceso a importantes encargados de formular políticas que los electores del común no pueden tener. Ahora más que nunca vemos que ese acceso se refleja en los resultados relativos a la formulación de políticas, en detrimento de los ciudadanos corrientes. 

La presencia de grandes sumas de dinero —uno de los mayores obstáculos para la recuperación de la fe en la política y el gobierno— es una realidad de la política estadounidense. La jurisprudencia actual en relación con el gasto electoral, en la que se pone mucho énfasis en los derechos de las empresas, no protege los derechos de todos los estadounidenses. Dada la composición actual de la Corte Suprema, es poco probable que la decisión de Citizens United se anule, con lo cual solo queda una opción: enmendar la Constitución.

El apoyo a esta medida va en aumento. Veinte estados ya han aprobado legislación mediante la cual manifiestan la disposición a ratificar una enmienda constitucional que le permita al Congreso reglamentar los gastos electorales. Aunque la legislación aprobada por estos estados no es de carácter vinculante, envía un mensaje claro al Congreso acerca de la voluntad del pueblo estadounidense. Organizaciones tales como La Promesa de Ser Estadounidense (American Promise) están coordinando iniciativas para lograr la aprobación de una enmienda constitucional antes de 2026.

Los artífices de la Constitución procuraron que fuera difícil enmendarla: pretendían que la enmienda se empleara como solución de último recurso solo en asuntos de la mayor importancia nacional. Y, sin embargo, también reconocieron que la Constitución no es perfecta. Ya la hemos enmendado veintisiete veces y ahora debemos hacerlo de nuevo.

Endnotes

• 33Bradley Jones, «Most Americans Want to Limit Campaign Spending, Say Big Donors Have Greater Political Influence», Pew Research Center, 8 de mayo de 2018.

1.6

Aprobar en los cincuenta estados leyes estrictas sobre el financiamiento de las campañas electorales en las que se exija transparencia total en cuanto a las donaciones, incluso las provenientes de entidades de responsabilidad limitada y de organizaciones sin fines de lucro constituidas según los términos del artículo 501(c)(4) del Código Tributario.

Se ha calculado que el costo total de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2016 —a saber, la suma de los gastos de todas las campañas, los partidos políticos y las fuentes externas— fue de 6300 millones de dólares. Esta cifra es pasmosa, pero el precio en sí no es el único problema. El dinero que circula en la política de Estados Unidos hoy en día no solo es enorme sino de difícil rastreo. La erosión de la legitimidad de nuestras instituciones debido a las contribuciones de enormes sumas de dinero a la actividad electoral se exacerba cuando los votantes no saben de dónde vienen las donaciones ni quiénes son las personas cuyos intereses atienden.

Mientras la decisión de Citizens United defina la jurisprudencia que se aplica al gasto electoral, seguiremos viendo la presencia de enormes sumas de dinero. Sin embargo, en esta decisión la Corte Suprema dejó abierta una vía hacia la reforma: la aplicación de leyes estrictas de divulgación de la fuente de las donaciones para que el dinero de difícil rastreo sea más transparente. Aunque la divulgación no frena el flujo de dinero, existen pruebas de que sí impide ciertos tipos de financiación y mitiga la influencia de otros gastos que benefician a los grupos de presión. En el fondo, los votantes tienen derecho a saber la identidad de quienes publican anuncios políticos y moldean las campañas.

En 2010, el Congreso estuvo a punto de aprobar una ley importante sobre divulgación que les hubiera permitido a los votantes saber quién paga los anuncios publicitarios de las campañas. El proyecto de ley, que habría sido la Ley de Divulgación del Gasto Electoral (disclose Act), se aprobó en la Cámara de Representantes y recibió cincuenta y nueve votos en el Senado, pero su aprobación se impidió mediante tácticas de obstrucción.

En épocas más recientes, en algunos estados, como Colorado y Nueva Jersey, se ha trabajado con eficacia en la aprobación de leyes estrictas de divulgación en las que se exige transparencia respecto a los gastos dirigidos a apoyar actividades políticas. Entre estos gastos se incluyen los que se realizan por intermedio de entidades de responsabilidad limitada y organizaciones sin fines de lucro constituidas según los términos del artículo 501(c)(4) del Código Tributario, que funcionan como los medios de ingreso de gran parte del dinero difícil de rastrear a la política de hoy en día. En algunos estados se ha exigido incluso que se declare la identidad de los donantes en los anuncios publicitarios de las campañas. No obstante, al redactar este tipo de legislación en los estados se deben tener en cuenta las inquietudes legítimas de protección de la intimidad de los donantes de montos de menor cuantía.

1.7 

Aprobar leyes sobre procesos electorales limpios en los comicios federales, estatales y locales a través de mecanismos como los sistemas en los que las donaciones privadas se igualan con fondos públicos y los «vales de promoción de la democracia», que amplían el poder de quienes donan montos de menor cuantía.

En lo que respecta a la voz y la representación de los votantes, el panorama político actual de Estados Unidos se asemeja a una lucha del tipo David contra Goliat entre el votante común y corriente y los grupos de presión que tienen mucho dinero. Debilitar a Goliat mitigando el poder de las enormes contribuciones de dinero a la actividad electoral es una forma de volver a inclinar la balanza a favor del ciudadano. Eso es lo que se conseguiría con una enmienda constitucional que autorice la reglamentación por parte del Congreso del gasto electoral. Otra estrategia sería aumentar el poder de los donantes de montos de menor cuantía, es decir, fortalecer a David.

Cuando se trata de darles poder a quienes donan sumas más pequeñas, los encargados de formular políticas pueden escoger entre un menú de opciones. Una forma habitual y bien comprobada de aumentar el poder de estos donantes es un sistema para igualar las donaciones con fondos públicos, en el que las contribuciones de poca cuantía que reciben las campañas políticas se igualan con donaciones de la municipalidad o del gobierno en cuestión. A veces incluso se multiplica el monto de la donación original por un factor determinado. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York tienen en marcha un sistema en el que se les asigna a los candidatos una cantidad de fondos públicos equivalente a seis veces el monto de cada donación pequeña que reciban. Por consiguiente, una donación de diez dólares de un residente de la ciudad vale setenta dólares en manos del candidato. En enero de 2020, los legisladores del estado de Nueva York promulgaron una ley mediante la cual se crea un sistema de financiación pública que se basa en el de la ciudad de Nueva York.

Los vales de promoción de la democracia son otra idea más reciente: los ciudadanos reciben vales para donar a campañas políticas y pueden dárselos luego a su candidato preferido para que este los canjee por dinero en efectivo. El primer lugar en que se ha puesto en práctica este método es Seattle. Los residentes de la ciudad reciben vales por un monto de cien dólares que luego pueden entregar a un candidato o a varios, según lo que prefieran. Hasta el momento, los resultados son prometedores: en un informe de 2017 se calculó que un ochenta y cuatro por ciento de los donantes de vales de promoción de la democracia de Seattle nunca antes había aportado dinero a una campaña política.34

Una opción más es la financiación de las campañas con fondos públicos. Hoy por hoy, catorce estados les ofrecen a los candidatos alguna forma de financiación pública y otros —entre ellos, Arizona y Maine— llegan hasta ofrecerles financiación completa.35 Por lo general, el candidato debe comprometerse a no aceptar sumas grandes de dinero de grupos o personas en particular si desea recibir financiación pública. Una ventaja de los sistemas de financiación pública es que tienden a promover una mayor diversidad tanto de donantes como de candidatos.36

Endnotes

• 34Every Voice, First Look: Seattle’s Democracy Voucher Program (Washington, D.C.: Every Voice, 2017).
• 35Brian Cruikshank, «Public Financing of Campaigns: Overview», National Conference of State Legislatures, 8 de febrero de 2019.
• 36Juhem Navarro-Rivera y Emmanuel Caicedo, «Public Funding for Electoral Campaigns», Demos, 28 de junio de 2017.

1.8 

Establecer, mediante legislación federal, períodos de dieciocho años para los magistrados de la Corte Suprema y nombramientos escalonados de modo que haya una nominación en cada período del Congreso. Al final del período correspondiente a su cargo, los magistrados pasarán a un tribunal de apelaciones o, si lo prefieren, a la categoría de magistrados sénior durante el resto del período vitalicio, lo cual le permitiría a cada uno determinar cuánto tiempo desea dedicarse a ventilar causas en un tribunal de apelaciones.

La Corte Suprema ostenta un poder enorme en la sociedad estadounidense. Aunque los magistrados no son elegidos directamente por los votantes, sí están vinculados con el pueblo de manera indirecta, ya que su nominación y confirmación están en las manos respectivas del presidente y de los senadores, ambos elegidos por voto popular. La intención de los artífices de la Constitución era que los magistrados de la Corte Suprema ocuparan el cargo de por vida, siempre y cuando desempeñaran sus funciones «con buena conducta». Sin embargo, el aumento de la longevidad que se ha producido desde el siglo XVIII se traduce en que un magistrado pueda ejercer su cargo durante una generación o más, a menudo durante más décadas de las que los artífices de la Constitución podrían haber imaginado. Si a esto se le suma la polarización cada vez más profunda de la Corte, en la que la mayoría de los casos de gran perfil y trascendencia se decide por mayoría de 5 a 4, y el riesgo de que por factores aleatorios un presidente termine llenando muchas vacantes de la Corte Suprema y otro, pocas o ninguna, no es de extrañarse que el poder de nombrar magistrados se haya convertido en una parte tan polémica del proceso de las elecciones presidenciales.

La solución es abolir la condición vitalicia delcargo. La Constitución estipula que los magistrados de la Corte ocupen el cargo siempre y cuando lo desempeñen con buena conducta, pero no establece de manera explícita el tipo de trabajo judicial que debe realizarse durante un cargo vitalicio ni le impide al Congreso establecer mediante una ley la duración del período en que ejerzan el cargo. Los legisladores federales tienen el poder de establecer por ley períodos de dieciocho años para los magistrados de la Corte Suprema; al final de su período, los magistrados pasarían a los tribunales de menor instancia por el resto de su carrera sin disminución del salario. También tendrían la opción de pasar a la categoría de magistrados sénior. (En el sistema actual, los magistrados que se jubilan de la Corte Suprema pasan automáticamente a la categoría sénior).

Con la aprobación de períodos de dieciocho años para los magistrados se adelantaría mucho camino en cuanto a despolitizar el proceso de nombramiento, pero para que la solución sea realmente eficaz tendría que conjugarse con nombramientos escalonados: la nominación de un magistrado en cada período del Congreso. Si cada presidente fuera responsable de dos nominaciones durante su mandato, el proceso sería menos partidista. De más importancia es que la combinación de períodos de dieciocho años y los nombramientos escalonados servirían para impulsar la Corte Suprema hacia un futuro menos partidista, restableciendo así su legitimidad como árbitro independiente de la justicia.