Introducción

Estados Unidos, que se formó hace casi 250 años, es la democracia constitucional más antigua del mundo. Sus inicios, regidos por los Artículos de la Confederación, fueron turbulentos. Sus perspectivas iniciales, en la Convención Constitucional de Filadelfia, eran muy inciertas. En la Convención, Benjamin Franklin —catalizador de la Revolución, ciudadano destacado de la república, esclavizador convertido en abolicionista— se preguntaba, al observar los conflictos, los acuerdos mutuos y las contradicciones del proceso, si estaba llegando el amanecer o el anochecer de este país en ciernes. Con la firma de la Constitución, llegó a la conclusión de que se trataba del amanecer.

Hoy día, ese interrogante es más pertinente que nunca. En esta era de globalización, poder centralizado, desigualdad económica, profundos cambios demográficos, polarización política, pandemias, cambio climático, y alteraciones radicales en los medios de comunicación y los entornos de difusión de la información, nos enfrentamos a estas tendencias convergentes en una democracia constitucional que a muchos les parece cada vez menos receptiva, con menor capacidad de adaptación e incluso, cada vez más anticuada.

Veamos los datos. El índice de aprobación con que el público califica al Congreso —el órgano legislativo nacional y la primera rama del gobierno establecida en la Constitución, cuya responsabilidad es comunicar la voluntad del pueblo— se precipitó a un punto histórico bajo del nueve por ciento en 2013.1 Ahora oscila en un todavía escaso veinticinco por ciento. Los grados de desigualdad en cuanto a ingresos y riqueza han superado a los que se vivieron justo antes de la Gran Depresión. La movilidad social se ha estancado. Las desigualdades siguen marcando líneas divisorias en cuanto a la raza, el género y la etnia, revelando así la profunda injusticia estructural de nuestra sociedad. Una oleada de nacionalismo blanco, antisemitismo y animosidad hacia los inmigrantes ha inundado la política con sentimientos que corroen la ética de una sociedad democrática, al tiempo que las personas que no son de raza blanca siguen encontrando barreras a las oportunidades y la participación. En todos los ámbitos de nuestro sistema, la concurrencia a las urnas sigue siendo baja en comparación con las de otras democracias avanzadas. La confianza en las instituciones se ha desplomado, mientras que prospera una cibercultura de cinismo frívolo y nihilista. Menos de un tercio de quienes forman parte de la generación del milenio consideran que vivir en una democracia sea esencial.2 El rencor partidista no ha llegado a la intensidad que tenía en la era de la Guerra Civil, pero es muy alto. Cuando a los estadounidenses se les pregunta qué nos une entre todas las diferencias, la respuesta que se oye cada vez más es: nada.

Pero ahí no termina el cuento. Ni siquiera es el capítulo decisivo. Al viajar por todo el país en los últimos meses y escuchar a estadounidenses de muchos estratos sociales, hemos oído desencanto y frustración, pero por encima de todo, anhelo por creer de nuevo en el relato estadounidense, por sentirnos vinculados unos con otros. Oímos historias sobre participación e innovación crecientes, sobre comunidades que se esfuerzan por forjar nuevos vínculos a través de líneas divisorias de vieja data, y sobre ciudadanos que despiertan de repente al potencial de sus responsabilidades democráticas. Incluso al cuantificar las repercusiones de la COVID‑19, vemos increíbles esfuerzos individuales y colectivos por mantener la capacidad de recuperación cívica. Por eso hemos llegado a la convicción de que la reinvención de la democracia constitucional está totalmente a nuestro alcance y se necesita con urgencia. A fin de cuentas, una ventaja excepcional de la democracia constitucional, tal y como se expresa tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución, es que se adapta a nuevas circunstancias y a retos imprevistos. En este informe, Nuestro propósito común: la reinvención de la democracia estadounidense para el siglo XXI, se exponen argumentos en pro de la renovación de la fe cívica. En él se ofrece un conjunto de recomendaciones para fraguar un nuevo compromiso colectivo con la ciudadanía democrática, así como un compromiso con la democracia constitucional estadounidense y de los unos con los otros. Nuestra teoría de la acción es la idea de que los mejoramientos de la cultura cívica y de las instituciones deben ir de la mano. Cada uno es necesario y ninguno es suficiente por sí solo.

Una ventaja excepcional de la democracia constitucional, tal y como se expresa tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución, es que se adapta a nuevas circunstancias y a retos imprevistos.

Nuestras conversaciones sobre la vida cívica democrática están tan polarizadas ahora que debemos hacer una pausa para definir los términos centrales. En el siglo XXI, democracia se refiere a un sistema político en el que los responsables de tomar decisiones en los niveles ejecutivos más altos y en el poder legislativo son elegidos por la mayoría o la pluralidad de los ciudadanos que pueden votar, con la presunción de que el derecho de voto se aproxime al sufragio universal entre los adultos que sean ciudadanos legítimos y que además se cuente con mecanismos que protejan a las minorías ideológicas, religiosas, étnicas y de otras características demográficas. Esta definición se refiere a la democracia representativa y no a la directa, lo que refleja que todas las sociedades democráticas que existen son representativas. Si bien en este informe utilizamos tanto democracia constitucional como democracia, reconocemos que son sinónimos de otros términos de uso común en Estados Unidos, como «república» y «república democrática» (véanse más términos clave en el Apéndice A). En las tradiciones del pensamiento político estadounidense, todos estos términos aluden a formas de gobierno representativo basado en los derechos en las que: 1) los dirigentes gubernamentales elegidos se ven limitados por el constitucionalismo, el estado de derecho, la separación de poderes, la libre expresión del pueblo, y la protección jurídica y afirmación moral de los derechos de cada persona; y 2) no es fácil privar del derecho a la representación y de otros derechos a los grupos y partidos que no forman parte de las mayorías electorales. No afirmamos ingenuamente que al tener más democracia simplemente en forma de más participación se resolverán nuestros problemas. Más bien queremos establecer vínculos firmes entre una participación sólida y unas instituciones políticas merecedoras de participación. Lo bueno de la democracia constitucional es que los ganadores de unas elecciones están restringidos por límites establecidos de manera democrática: la Constitución, la separación de poderes y la desconfianza genuina e institucionalizada hacia quienes están en el poder.

Por consiguiente, una democracia constitucional sana depende de un círculo virtuoso en el que las instituciones políticas receptivas promueven una cultura cívica sana de participación y responsabilidad, al tiempo que una cultura cívica sana —una combinación de valores, normas e interpretaciones— se encarga de mantener el carácter receptivo e inclusivo de las instituciones políticas. Las instituciones y la cultura se cruzan en el dominio de la sociedad civil: el ecosistema de asociaciones y grupos en el que la gente pone en práctica los hábitos de participación y autogobierno, y en el que se refuerzan las normas de obligación mutua. Tanto en nuestras deliberaciones como en este informe nos hemos basado en un significado de ciudadanía que va más allá de la situación legal para expresar una concepción ética más amplia de compromiso con la comunidad y de contribución al bien común.

Varios eruditos han argumentado que la democracia constitucional estadounidense pasó por una «segunda fundación» en los años que siguieron a la Guerra Civil con la adopción de las enmiendas constitucionales de la Reconstrucción, con las que se abolió la esclavitud, se garantizó que las leyes protegieran a todos por igual y se otorgó a los varones de raza negra el derecho de voto. A su vez, el movimiento por los derechos civiles se describe a veces como la «tercera fundación». En esta Comisión creemos que las condiciones profundamente complejas del siglo XXI constituyen una amenaza inminente a nuestro modo de vida democrático y que, por lo tanto, se requiere una «cuarta fundación». Esta cuarta fundación debe originarse no solo en el lenguaje en que están redactadas la Constitución y las leyes, sino en un credo nacional más amplio de libertad y justicia para todos; no solo en las acciones del gobierno sino en los compromisos de los ciudadanos; no solo en la reinvención de las estructuras del gobierno federal sino en la devolución del poder a los gobiernos locales; y no solo en la investigación y el análisis sino en el amor por la patria y por el prójimo.

Hemos determinado los seis imperativos que son la esencia de esta cuarta fundación: 1) lograr la igualdad de voz y de representación en todas nuestras instituciones políticas; 2) potenciar a los votantes de una forma duradera; 3) garantizar la receptividad y la capacidad de respuesta de nuestras instituciones políticas; 4) ampliar de manera considerable la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que promueven la «creación de puentes cívicos» sobre las líneas que nos dividen; 5) construir una arquitectura de información cívica que apoye un propósito común; y 6) inspirar una cultura de compromiso mutuo y con la democracia constitucional estadounidense.

Estos imperativos generan estrategias de acción. A continuación, explicamos en detalle esas estrategias y las recomendaciones específicas para ponerlas en práctica. En conjunto, reflejan la relación entre la cultura cívica y las instituciones. También reflejan la relación entre los dirigentes nacionales y las reformas en el ámbito local, y entre la libertad individual y la acción colectiva. Por último, estas estrategias proporcionan un marco de referencia para garantizar la capacidad de recuperación de nuestra democracia constitucional, incluso ante una crisis.

Una democracia constitucional sana depende de un círculo virtuoso en el que las instituciones políticas receptivas promueven una cultura cívica sana de participación y responsabilidad, al tiempo que una cultura cívica sana —una combinación de valores, normas e interpretaciones— se encarga de mantener el carácter receptivo e inclusivo de las instituciones políticas.

La Comisión sobre el Ejercicio de la Ciudadanía Democrática es un proyecto de dos años de duración de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias (American Academy of Arts and Sciences). Entre los treinta y cinco integrantes dinámicos y reflexivos de la Comisión se cuentan eruditos, profesionales, directivos empresariales y catalizadores cívicos que trascienden las fronteras geográficas, demográficas e ideológicas. Danielle Allen, de la Universidad de Harvard; Stephen Heintz, del Fondo Hermanos Rockefeller (Rockefeller Brothers Fund); y Eric Liu, de la Universidad del Ciudadano (Citizen University) son los copresidentes. Durante los últimos dos años, la Comisión se ha centrado en la interacción de las instituciones políticas y la cultura cívica de Estados Unidos, en la forma en que estas se nutren de la sociedad civil y en el ejercicio individual de la ciudadanía democrática. Tratamos constante­mente de movilizar la capacidad de adap­tación de las instituciones y la cultura con el fin de pre­parar­nos para afrontar los arduos retos de nuestros tiempos, pero durante la realización de nuestra labor no imaginamos que afrontaríamos un reto próximo tan difícil como el de una nueva enfermedad infecciosa, la COVID‑19. En la etapa final de redacción de este informe hicimos una pausa para reflexionar sobre lo que significaba para nuestro trabajo, y llegamos a la conclusión de que no afectaba ni nuestros principios fundamentales ni las recomendaciones. Una democracia constitucional puede afrontar retos, incluso a esta escala, siempre y cuando conserve la salud que le imprima flexibilidad y agilidad. El tipo de salud que requiere, aun en tiempos de crisis, emana directamente de los ámbitos en que se centra este informe: la igualdad de voz y de representación, la potenciación de los votantes, la reactividad y capacidad de respuesta de las instituciones políticas, la creación de puentes cívicos sobre las líneas que nos dividen, una arquitectura de información cívica que respalde el propósito que tenemos en común, y una cultura de compromiso mutuo y con la democracia constitucional de Estados Unidos.

Con nuestro trabajo exploramos los factores que animan y desaniman a las personas a comprometerse con su comunidad; revelamos los mecanismos que le ayudan a la gente a formar vínculos por encima de las barreras demográficas e ideológicas, y determinamos los espacios que promueven esta interacción; y examinamos la forma en que los cambios del entorno mediático han alterado las manifestaciones del compromiso cívico y de la libertad de expresión en muchas comunidades. Con el fin de formular recomendaciones y reflejar la diversidad de condiciones e intereses de nuestro país hicimos lo siguiente: realizamos una revisión exhaustiva de recomendaciones de reforma anteriores; reunimos y entrevistamos a expertos reconocidos; y —quizá lo más formativo— celebramos casi cincuenta sesiones para escuchar con atención a estadounidenses de diversas comunidades del país, entre ellos, estudiantes de primer año de una academia militar, personas que se declaraban conservadoras o progresistas, líderes religiosos, líderes cívicos rurales, activistas urbanos, e inmigrantes y refugiados de distintas partes del mundo. (En el apéndice B se enumeran estas sesiones). Mediante este proceso polifacético de cooperación determinamos las barreras que a menudo impiden la participación cívica, descubrimos aciertos en relación con el compromiso democrático y esclarecimos una posible vía a la reinvención. Muchas de nuestras recomendaciones son consabidas, y la labor de esta Comisión se ha beneficiado enormemente del trabajo arduo y de la pericia que han adquirido con el sudor de la frente quienes compartieron con nosotros su experiencia, sus conocimientos y sus sugerencias. La innovación que proponemos, en nuestra opinión, radica en cómo hemos combinado estas ideas y conocimientos en una visión coherente de la reinvención democrática.

Este informe contiene cuatro partes. En la primera resumimos las seis estrategias, así como las treinta y una recomendaciones que la Comisión propone. En la segunda damos un paso atrás para evaluar la crisis actual de la ciudadanía democrática. En la tercera presentamos argumentos en favor de la reinvención, explicamos la teoría de la acción que respalda cada una de las estrategias y proporcionamos más detalles acerca de las recomendaciones. Por último, finalizamos con un llamado a la acción a los estadounidenses de muchos sectores y explicamos cómo cada uno de nosotros puede emprender la tarea de cumplir la promesa de nuestra democracia constitucional. Y a lo largo del informe entretejemos las voces de quienes participaron en las sesiones que la Comisión celebró en todo el país para oír los aportes de los estadounidenses.

Llegar a un consenso en este paquete de reco­mendaciones no fue cosa fácil. Varios integrantes de la Comisión no apoyan personal­mente una u otra recomendación individual, pero estuvieron dispuestos a dejar de lado esas reservas para respaldar las futuras ventajas del paquete en su totalidad. En resumen, hicimos concesiones; tratamos de recuperar ese arte olvidado. Funda­mentalmente, nos inspiramos en el ejemplo que dio Benjamin Franklin en la Convención Constitucional. Al indicar su voto a favor de ese instrumento imperfecto, les recordó a sus colegas la obligación perdurable que tenían:

«Por consiguiente, señor, apruebo esta Constitución porque no espero nada que la supere, y porque no estoy seguro de que no sea la mejor. En aras del bien común, sacrifico las opiniones que he tenido sobre sus errores. Nunca he dicho una palabra de ellas fuera de aquí. Dentro de estos muros nacieron y dentro de ellos morirán. Si al volver a sus electores, cada uno de nosotros declarara las objeciones que ha planteado acerca de ella y tratara de granjearse partidarios que las apoyaran, podríamos impedir que fuera bien recibida en general y, por lo tanto, perderíamos todos los efectos beneficiosos y las grandes ventajas que nos habría reportado naturalmente en otros países —y entre nosotros mismos— nuestra unanimidad real o presunta».

Los integrantes de la Comisión ofrecemos este informe con la misma actitud: una actitud de humildad y de mayor responsabilidad por una democracia constitucional estadounidense total­mente digna de nuestro compromiso mutuo con ella y con cada uno de nosotros. Esperamos poder impulsar un avance importante en todas las recomendaciones antes de 2026, cuando se cumplen 250 años del nacimiento del país y, con nuestra humilde contribución, ayudar a acelerar y a garantizar la cuarta fundación de los Estados Unidos de América.

Endnotes

• 1Gallup, «Congress and the Public, 1974–2019».
• 2Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk, «The Democratic Disconnect», Journal of Democracy 27 (3) (2016): 5–17.