Nuestro propósito común
Estrategia 5: Construir una arquitectura de información cívica que apoye un propósito común
Estrategia 5: Construir una arquitectura de información cívica que apoye un propósito común
«¿Sabe qué? En las elecciones de 2016, las amistades se rompieron y las iglesias se dividieron, y nunca hubo recuperación porque a algunos les pareció que las diferencias políticas eran tan insuperables que ya no podían formar parte de la comunidad. Es como si no nos quedara más que la política. No tenemos ningún otro tipo de comunidad cívica. Lo único que nos queda es nuestra propia tribu».
—Nueva York (Nueva York)
Las recomendaciones esbozadas en la estrategia 5 se sitúan en la intersección de las plataformas digitales, la investigación académica, la formulación de políticas, la jurisprudencia y la economía. Estas recomendaciones se encuentran entre las más técnicas del informe de la Comisión, pero la idea fundamental que las aglutina es sencilla: aunque el uso que la gente hace de las redes sociales y otras plataformas digitales ha afectado de manera negativa el ejercicio de la ciudadanía democrática, dichas plataformas se pueden rediseñar y sus usos se pueden modificar con el fin de reforzar —en lugar de erosionar— nuestra democracia constitucional y nuestro sentido de propósito común.
Las redes sociales y otras plataformas digitales tocan casi todos los aspectos de nuestra vida pública y privada, y repercuten muchísimo en el ejercicio de la ciudadanía democrática. En la última década, las redes han hecho más daño que bien en la conciencia pública: han fomentado la polarización, han difundido mucha desinformación y han menoscabado la calidad del debate público. Pero también han contribuido al surgimiento de nuevos movimientos sociales, han facilitado la organización cívica y política, y les han dado voz a grupos subrepresentados. Además, han dado lugar a una explosión de datos sobre casi todos los aspectos de nuestra vida individual, aunque estén lejos de ser suficientes a la hora de ayudarnos a entender cómo, cuándo y por qué los estadounidenses se comprometen como ciudadanos democráticos cuando no se trata del ciclo electoral. Son simplemente tecnologías que hemos diseñado. No hay motivo por el cual no podamos rediseñarlas de manera que refuercen —en lugar de erosionar— la democracia constitucional y nuestro propósito común.
En la estrategia 5 nos concentramos en dos aspectos de la infraestructura de información del país: las fuentes de datos que se pueden emplear para efectos de investigación y las plataformas digitales (tales como las redes sociales y los motores de búsqueda). Ambas recomendaciones se basan en el concepto de que al unir el mejoramiento de la información con un diseño intencional se pueden aumentar la transparencia y la responsabilidad. Eso nos puede ayudar a encontrar soluciones creativas e innovadoras a los retos más difíciles a los que se enfrenta la democracia.
Con la estrategia 5, nos vamos alejando de las instituciones formales de la democracia y nos acercamos a la cultura. En la estrategia 4 tratamos sobre los puentes de la sociedad civil que son los antídotos físicos y a menudo hiperlocales contra la polarización. En la estrategia 5 añadimos una arquitectura de información cívica que sustenta el propósito común. Con las estrategias 4 y 5 en marcha, empezamos a vislumbrar una cultura de compromiso (la estrategia 6).
5.1
Formar un grupo de trabajo de alto nivel para articular y medir las obligaciones cívicas de las redes sociales e incorporar esas mediciones definidas en el Proyecto de Compromiso Democrático (Democracy Engagement Project) que se describe en la recomendación 5.5.
Las plataformas de las redes sociales no son intrínsecamente malas para la democracia.
Claro está que no es difícil encontrar ejemplos de usos de las redes sociales que debiliten la sociedad democrática. Las prácticas cuestionables en plataformas como Facebook pueden repercutir en las elecciones, cuando actores políticos extranjeros y nacionales siembran desinformación y discordia. Los videos extremistas en YouTube pueden estar contribuyendo a una ola de violencia etnonacionalista. El autor de la masacre en la mezquita de Christchurch (Nueva Zelanda) retransmitió el ataque en directo por las redes sociales y se apoyó en ellas para difundir su manifiesto. Estos ejemplos, entre muchos otros, demuestran la indiscutible influencia negativa de las redes sociales, y por eso se han generado llamados sensatos para que sean reguladas y reformadas. Pero muchos otros ejemplos ponen de relieve cómo las plataformas de las redes sociales están fortaleciendo la sociedad democrática. En Túnez, los manifestantes evitaron la censura y atrajeron la atención de los medios de comunicación internacionales gracias a las imágenes que compartieron en Facebook. El movimiento #MeToo se ha valido de las redes sociales para generar cambios en todo el mundo. Y, por supuesto, las redes sociales y las tecnologías de videoconferencia ayudaron a que personas de todo el mundo mantuvieran un sentimiento de conexión durante la crisis de COVID‑19, lo cual contribuyó a que el distanciamiento físico no se tradujera en una situación de aislamiento y desintegración cívica total. Esto nos ha enseñado una gran lección: tenemos que esforzarnos no solo para prevenir los efectos perjudiciales de las redes sociales en la democracia, sino también para entender lo que las redes sociales pueden aportarle a la democracia y de ahí articular una visión positiva.
Los creadores de plataformas y los usuarios de las redes sociales de hoy día deben entablar una conversación abierta y sincera para definir lo que las redes sociales deben hacer para nosotros como ciudadanos de una sociedad autogobernada. El proyecto Señales Cívicas (Civic Signals), —una colaboración entre la Conferencia Nacional sobre la Ciudadanía (National Conference on Citizenship) y el Centro para la Participación de las Redes (Center for Media Engagement) de la Universidad de Texas en Austin—, está trabajando para facilitar este diálogo. Ha reunido a expertos con el fin de reimaginar los bienes públicos que se pueden generar en los espacios digitales. Este y otros proyectos afines aspiran a definir mediciones que nos permitan evaluar los beneficios o perjuicios que suscitan plataformas de las redes sociales en la democracia.
Se tienen que definir formas de medir que nos permitan entender qué tan bien cumple una plataforma con diferentes aspectos del propósito cívico: por ejemplo, ¿se expone al usuario a una diversidad de puntos de vista? Para 2026, estas mediciones deben estar en uso para captar los cambios que se deriven de las siguientes recomendaciones. Nos ayudarán a distinguir entre las redes sociales (en términos genéricos), y las redes cívicas diseñadas para poner en práctica principios que apoyan la democracia.
5.2
Recurriendo a leyes estatales, federales o a ambas, subsidiar la innovación con miras a reinventar las funciones públicas que las redes sociales han desplazado: por ejemplo, gravar la publicidad digital con el fin de crear un fondo de medios de comunicación públicos mediante el cual se respaldarían formas experimentales de usar las plataformas de las redes públicas, así como al periodismo de investigación local y regional.
Hoy por hoy, solo el veintisiete por ciento de los estadounidenses lee las noticias en un periódico local impreso, mientras que el sesenta y cuatro por ciento las obtiene por internet.61 Cerca del veintiuno por ciento de los periódicos locales del país desapareció entre 2004 y 2018.62 Pero las redacciones de noticias no son las únicas organizaciones que luchan por redefinir sus modelos de negocio en respuesta a las plataformas digitales. Con mayor y mayor frecuencia, por ejemplo, a las bibliotecas públicas del país se les pide que se ocupen de enseñar a vivir en un mundo digital; que presenten contenido local en formato digital y que ofrezcan acceso gratuito a sus computadoras, a Internet, a su conexión wifi y a capacitación tecnológica.63 Nuestra arquitectura de información cívica se ha visto alterada por las redes sociales y, en el caso del periodismo local, una importante función pública se ha visto desplazada.
«La mayoría de los periódicos están en quiebra, ¿sabes? Así que preguntar: “Por cierto, ¿por qué no eres un ciudadano bien informado?” es una pregunta injusta».
—St. Paul (Minnesota)
Las plataformas digitales comerciales se financian con lo que les pagan sus anunciantes, quienes rastrean nuestras búsquedas, nuestros movimientos y hasta nuestras conversaciones. La publicidad dirigida que realizan estas empresas, y las ventas que obtienen como resultado, deben ser gravadas por los gobiernos estatal o federal, o por ambos. Y los beneficios que se perciban se han de encauzar para financiar experimentos que nos enseñen a reconstruir funciones que apoyen la democracia.64 Los experimentos podrían adoptar la forma de plataformas de redes cívicas, como CivicLex de Lexington (Kentucky), o experimentos con modelos de negocio periodísticos, como la estructura sin fines de lucro de Pro Publica que respalda las investigaciones periodísticas en Chicago. Para 2026, ya debe estar bien establecida una estructura fiscal en este espacio, y se le deberán asignar fondos para apoyar a los proveedores de periodismo local, a otros experimentos en plataformas públicas, así como al crecimiento en un nuevo campo de redes cívicas.
Endnotes
- 61Gallup, «Media Use and Evaluation».
- 62Abernathy, The Expanding News Desert, 10.
- 63American Library Association, «ALA Library Fact Sheet 6», octubre de 2015.
- 64Paul Romer, «A Tax That Could Fix Big Tech», The New York Times, 6 de mayo de 2019.
5.3
Para complementar los experimentos con plataformas de redes públicas (la recomendación 5.2), establecer un mandato de interés público para las plataformas de redes sociales que tienen fines de lucro. De forma análoga a los requisitos de zonificación municipal, este mandato les exigiría a estas empresas de plataformas digitales con fines de lucro apoyar la creación en sus propias plataformas de espacios digitales designados de interés público.
En la recomendación 5.2, propusimos que se experimentara con la creación de plataformas de redes de comunicación públicas y de nuevas maneras de ofrecer periodismo de investigación local con miras a construir un campo de redes de comunicación cívica. Del mismo modo, apoyamos la experimentación de cómo las redes sociales privadas y otros espacios en línea pueden estar al servicio del interés público. La norma de interés público de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) se estableció para equilibrar los intereses comerciales con los democráticos, primero en la radio y luego en la televisión. Ha llegado el momento de recurrir a ese mismo modelo para establecer un mandato de interés público para las plataformas de las redes sociales con fines de lucro.
Se debe formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar un mandato de interés público para las plataformas digitales privadas, con el objetivo de aprobar legislación pertinente en un futuro próximo. Para 2026, deben verse espacios de interés público, incluso en las plataformas de redes sociales privadas, como complemento a los experimentos con plataformas de redes públicas y redes cívicas.
5.4
Por medio de leyes y reglamentaciones federales, exigir a las empresas de plataformas digitales: la interoperabilidad (como se unificaron los anchos de las vías férreas), la portabilidad de los datos y su apertura, de tal manera que los investigadores tengan la posibilidad de cuantificar y evaluar el compromiso democrático en contextos digitales.
Solo con impuestos no se puede contrarrestar el efecto negativo que las plataformas digitales tienen en el compromiso democrático. También se necesitarán reglamentaciones: exigirles a las plataformas, por ejemplo, que faciliten el acceso a los datos con regularidad y con coherencia, para poder estudiar cómo estas repercuten en el compromiso democrático. El Reglamento General de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea les exige a las plataformas que suministren una copia portátil de los datos sobre la actividad de los usuarios en las redes sociales. Las plataformas de mayor acogida están colaborando con el Proyecto de Transferencia de Datos para definir una norma de interoperabilidad que posibilite la circulación de datos entre los distintos proveedores de servicios. En Estados Unidos se debe crear una norma de interoperabilidad afín para que los datos de las redes sociales se puedan compartir. Al mismo tiempo, las plataformas se deben comprometer a permitir el uso ilimitado de tales datos por terceros.
En los años venideros se deben establecer normas que impongan la interoperabilidad, la portabilidad y la apertura de los datos. Además, la educación pública sobre la importancia de estos temas ya debería estar muy avanzada.
5.5
Establecer y financiar el Proyecto de Compromiso Democrático (Democratic Engagement Project): una nueva fuente de datos y un centro de intercambio de información para investigaciones que apoyen la infraestructura social y cívica. Con el Proyecto se llevaría a cabo un estudio centrado, a gran escala, sistemático y longitudinal del compromiso democrático individual y organizativo, que incluiría la integración cabal de mediciones y la evaluación del compromiso democrático en contextos digitales.
Las fuentes de datos con que contamos hoy no captan suficientemente la amplitud de los factores que influyen en el compromiso democrático actual, sobre todo a través de las plataformas digitales. Por ser tradicionales, a menudo se centran en formas de compromiso que hace décadas eran las más comunes entre los grupos privilegiados de la sociedad. La mayoría no tiene en cuenta el efecto de las variables contextuales de alcance comunitario o estatal, ni tampoco tiene el tamaño de muestra que posibilita un análisis municipal. En los conjuntos de datos longitudinales no están representados los menores de dieciocho años, y los pocos que sí lo hacen no suelen seguirlos hasta que llegan a la mayoría de edad. Por eso vemos limitada la posibilidad de estudiar cómo las experiencias en los contextos escolares y comunitarios afectan el compromiso político actual o futuro. Hasta la fecha no hay ningún estudio diseñado concretamente para entender cómo la gente se compromete con la democracia —incluido tanto el compromiso político como el cívico—a lo largo del tiempo y los puntos de vista que lo sustentan durante los años electorales y no electorales.65
La Comisión recomienda que se efectúe un estudio innovador sobre el compromiso democrático que renueve nuestro entendimiento de cómo, cuándo y por qué la gente participa en la vida democrática. Un estudio de este tipo necesitaría una fuente de datos colaborativa diseñada para responder a grandes preguntas, razón por la cual la Comisión recomienda la creación del Proyecto de Compromiso Democrático.
Para avanzar radicalmente en nuestro entendimiento de la vida democrática en los Estados Unidos de hoy, el Proyecto de Compromiso Democrático debe: incluir datos tanto individuales como contextuales; obtener una muestra amplia que garantice que se les preste atención a las diversas categorías de raza y de etnia, y que se hagan análisis de áreas metropolitanas y estatales; ser coherente y flexible para permitir la comparación a lo largo del tiempo y para que se adapte a los cambios; tener diseño interdisciplinario; ser de código abierto; ser longitudinal y estar en un ciclo anual; incluir datos de plataformas digitales y de redes sociales, como se ha descrito anteriormente; estar al alcance de activistas y dirigentes cívicos locales; y prestarles atención a los adolescentes.
Académicos y expertos en investigación de múltiples instituciones deben empezar de inmediato a definir y delinear el proyecto, con miras a crearle una sede permanente, ya sea en una sola universidad o en un consorcio de instituciones. Para 2026, el Proyecto de Compromiso Democrático debe ofrecer con regularidad datos concretos sobre la participación del pueblo en el proceso democrático en las esferas nacional, estatal y comunitaria, quizás en forma de índice publicado con periodicidad definida.
Endnotes
- 65Con el estudio Youth-Parent Socialization Study se evaluaron las conductas y actitudes políticas a través del tiempo entre generaciones de integrantes de familias. Se tuvieron en cuenta acontecimientos transformadores y tendencias históricas, que abarcaron cuatro olas de investigación entre 1965 y 1997. Véase M. Kent Jennings, Gregory B. Markus, Richard G. Niemi y Laura Stoker, Youth-Parent Socialization Panel Study, 1965–1997: Four Waves Combined (ICPSR 4037) (Ann Arbor, Mich.: Inter-University Consortium for Political and Social Research [distribuidor], 2005).